Persiste en Nuevo León tendencia de precarización laboral femenina

La precarización laboral femenina en México se manifiesta a través de condiciones de empleo caracterizadas por bajos salarios, inestabilidad, ausencia de prestaciones sociales y alta informalidad, afectando de manera desproporcionada a las mujeres. Esta situación es resultado de múltiples factores estructurales, entre los que destacan los roles de género tradicionales, la segregación ocupacional y barreras para conciliar la vida familiar y laboral.
De acuerdo con datos oficiales, la participación laboral de las mujeres en México se sitúa en torno al 46 por ciento de la población económicamente activa, muy por debajo del 77 por ciento observado en los hombres, un indicador que ha mostrado avances mínimos en las últimas dos décadas y que, si continúa al ritmo actual, tomaría más de un siglo alcanzar la paridad plena.
En Nuevo León, la precarización del empleo femenino refleja tendencias nacionales, aunque con ciertos matices regionales. En el primer trimestre de 2025, la tasa de informalidad en la entidad se ubicó alrededor de 32.5 por ciento de la población ocupada, una proporción más baja que el promedio nacional, reflejo de una economía local con mayores niveles de formalización laboral en comparación con otras regiones del país.
No obstante, la participación de las mujeres en la fuerza laboral de Nuevo León aún está por debajo de la de los hombres, con aproximadamente 38.5 por ciento de la población ocupada femenina, frente al 61.5 por ciento masculina en el mismo periodo.
Además, aunque la informalidad general es menor en Nuevo León, persisten brechas de género en condiciones laborales que reflejan la estructura del mercado de trabajo. La presencia de mujeres en sectores con mayor vulnerabilidad y menor acceso a prestaciones continúa siendo un desafío, lo que demanda políticas públicas específicas para fortalecer su inclusión en empleos de calidad.
La precarización laboral femenina no solo implica desigualdad económica; representa una barrera para el ejercicio pleno de los derechos humanos y la igualdad de oportunidades. Para avanzar hacia un mercado de trabajo más equitativo, especialistas y organizaciones civiles subrayan la necesidad de políticas integrales que incluyan mejores esquemas de protección social, incentivos a la formalización, sistemas de cuidado accesibles y acciones afirmativas que promuevan la inclusión de las mujeres en empleos formales y bien remunerados.

