Reforma al Poder Judicial será un reto para la Justicia Laboral
La reforma al Poder Judicial aprobada en el Congreso de la Unión tendría repercusiones en el sistema de Justicia Laboral mexicano, que apenas fue reformado en el año 2019.
La propuesta del Poder Ejecutivo para la democratización en el proceso escalonado de elección de autoridades judiciales (jueces, magistrados y ministros), provocaría un cambio en las autoridades recién electas por el Poder Judicial para presidir las salas especializadas en lo laboral, en los niveles federal y estatales, algunos con menos de dos años de ocupar el puesto.
La diputada federal Patricia Mercado, presentó una reserva en la discusión de aprobación de la reforma al Poder Judicial para exentar a tribunales y juzgados laborales del proceso de elección. En su exposición de motivos argumentó que “las personas titulares de éstos acaban de pasar por un proceso de selección arduo y minucioso”.
Apenas el 2019 entró en vigor en nuevo modelo de Justicia Laboral, mediante proceso de transición en tres etapas, la última de ellas concluyó el pasado 3 de octubre del 2022 logrando a partir de entonces el alcance nacional de esta ambiciosa reforma por medio de la cual se crearon tribunales y juzgados laborales dependientes del Poder Judicial, en sustitución de las Juntas de Conciliación y Arbitraje.
La reforma propone elecciones populares escalonadas a partir del 2025 para la sustitución de ministros de la Suprema Corte, jueces y magistrados, proceso que finalizaría en el 2027.
Plantea la creación del Tribunal de Disciplina Judicial, para vigilar el comportamiento del personal judicial y sancione a quienes falten a la ley. Las elecciones correrían bajo la supervisión y regulación del Instituto Nacional Electoral.
Los criterios mínimos para aspirar a un cargo es tener título en Derecho con promedio mínimo de 8, además de cinco años de experiencia en cargos relacionados, cartas de referencia y ensayos escritos y publicados en la materia.
Más allá de las dudas y cuestionamientos sobre la reforma, es un hecho que llega en un momento complicado para el incipiente modelo de Justicia Laboral mexicano, que apenas cuenta con un par de años operando en todas las entidades.
Al presente año, el sistema de Justicia Laboral cuenta en 41 sedes con 137 jueces; operan 127 Tribunales Laborales Federales de Asuntos Individuales y un Tribunal Federal de Asuntos Colectivos, los cuales atendieron en el año 2023 un total de 77 mil asuntos, con un tiempo de resolución promedio de 8 meses.
Uno de los principales retos que ha enfrentado la implementación del nuevo modelo es la consolidación de criterios entre quienes se encargan de impartir justicia, ya que la mayoría del personal que labora en los tribunales proviene de otras ramas del Derecho, por lo que su adaptación a la normativa laboral ha sido lenta.
Otro aspecto para destacar es la falta de personal y el bajo presupuesto con los que ha tenido que lidiar la mayoría de los tribunales, en este escenario de por sí complejo, ahora tendría que sumarse a la transformación del Poder Judicial desde sus cimientos.
En caso de aprobarse por los Congresos Locales, la reforma al Poder Judicial deberá fijar los tiempos para la sucesión de las autoridades laborales recientemente nombradas, además de fijar criterios para conocer si podrán participar en las elecciones inmediatas para mantenerse en sus respectivos puestos, lo que supone una nueva odisea para la implementación del nuevo modelo de Justicia Laboral, una que no estaba contemplada en el decreto promulgado en el 2019(con información de El Economista y France 24).
